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Trabajo
y Sociedad |
El
impacto de la crisis de 2002 en una ciudad del interior de Argentina
José
Aranda
Editor
de Economía de El Liberal
jaranda@elliberal.com.ar
La
crisis económica que afectó al país durante el año 2002 tuvo fuertes efectos en
la actividad económica santiagueña que se tradujo en la caída del poder
adquisitivo de los asalariados, en la pérdida de fuentes laborales y en el
incremento de los niveles de pobreza e indigencia. Una estimación basada en
datos oficiales, indica que por la pérdida de empleos y la caída en la calidad
de los mismos, habrían salido de circulación alrededor de unos $100 millones
del circuito economico local.
En
Mayo de 2002 la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) reveló la existencia de
203.934 personas (60,2% de la población total del aglomerado urbano Santiago
del Estero-La Banda) bajo la línea de pobreza. Esto significaba que sus
ingresos resultaban insuficientes para costear las necesidades de sus
presupuestos familiares, al margen de la alimentación. Asimismo, en ese mismo
mes la EPH registró la existencia de 94.176 personas indigentes (27,8%) a las
que sus ingresos no les alcanzaban para comprar una Canasta Básica de Alimentos
para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
En
Octubre, -segunda medición anual de la EPH- crecieron tanto el número de pobres
como indigentes. Bajo la Línea de Pobreza, se ubicaron 205.800 personas (66,5%)
o sea un 6% más que en mayo. Por debajo de la Línea de Indigencia, cayeron
102.900 personas (31,7%) o sea un 3,9% más que en mayo.
En
valores absolutos, el número de pobres creció en 6 meses de 203.934 a 205.800 y
el de indigentes aumentó de 94.176 personas en esa situación a 102.900. Esto
significa que una población de 10.590 personas bajaron un escalón del segmento
social y se convirtieron en pobres y otros pasaron a ser indigentes.
En
este punto cabe aclarar que el Indec señala como “pobre” a aquella persona/s
que no llegan a cubrir un valor determinado de la Canasta Básica Total (CBT)
compuesta por -además de alimentos- otras necesidades no alimentarias como
indumentaria, servicios, transporte, etc.
Por
otro lado, la misma fuente describe como “indigente” a aquella persona que con
sus ingresos no logra adquirir una canasta básica de alimentos que le permita
cubrir sus necesidades calóricas básicas de nutrición.
En
este mismo lapso de mayo/octubre de 2002, la población del aglomerado
Santiago-La Banda creció en 4.239 personas, mientras que el número de pobres e
indigentes superó en más del doble el crecimiento poblacional. Es decir, el
avance de la pobreza fue mayor en un 100% que el incremento poblacional.
En
la actualidad existen 308.700 personas entre pobres e indigentes en Santiago-La
Banda sobre una población total de 343.000 personas en estos dos principales
núcleos urbanos de la provincia.
El
efecto inflacionario
Una
familia tipo de 4 personas -dos adultos y dos menores como lo es el número
promedio de población en los hogares de Santiago del Estero- necesitaba en
marzo de 2002 un presupuesto de $215,78 para cubrir sus necesidades
alimentarias básicas.
En
marzo de 2003 la misma familia demanda $333,19 para satisfacer las mismas
necesidades. Ello implica un aumento en su presupuesto familiar de $ 117
solamente para cubrir necesidades alimentarias básicas.
Asimismo,
una familia compuesta por 4 personas demandaba en marzo de 2002 un presupuesto
de $524,35 para cubrir además de su alimentación otras necesidades como
transporte, servicios, indumentaria, etc. mientras que en marzo de 2003 demanda
$723,03. O sea casi $200 más.
Un
dato para tener en cuenta es que el ingreso promedio de un asalariado
santiagueño es de $366,90. Esto significa que el salario de una persona con
empleo apenas alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos y, a su vez,
representa sólo la mitad de lo que necesitaría para escapar a la línea de
pobreza, por debajo de la cual se encuentra.
Los
sectores económicos
El
año 2002 fue crítico en materia de pérdida de empleos. Sólo el comercio perdió
1500 fuentes laborales en toda la provincia según los informes oficiales
publicados por el área de Previsión Social del Sindicato de Empleados de
Comercio. Esta cifra es una cuarta parte de la totalidad de empleados del
sector a nivel provincial.
La
Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Santiago del Estero realizó una
encuesta en febrero de este año que recogió el efecto de la crisis de 2002 en
este ámbito. Sólo en el sector céntrico de la ciudad se relevaron 1.564
negocios en funcionamiento y otros 247 (un 16%) que cerraron en 2002.
Entre
los negocios de los rubros más afectados fueron la venta de electrodomésticos y
de muebles y artículos para el hogar que, en conjunto, superan la decena de
negocios de primera línea y las grandes superficies que desaparecieron de la
faz comercial. Algunas de las que cerraron, eran representantes locales de firmas
nacionales. Además, las firmas que quedaron hicieron un recorte de gastos y una
gran cantidad de trabajadores del sector pasó a revistar en las filas de los
desocupados.
En
forma paralela a los cierres, surgieron pequeños negocios como kioskos y
“drugstores” que en pequeñas superficies ofrecen amplia variedad de productos,
atendidos por una sola persona.
Durante
el año 2002 la falta de crédito, el deterioro del poder adquisitivo de la gente
con una inflación del 30% a mediados de año y que cerró el 2002 por arriba de
un 40%, ocasionó un golpe a las ventas de todos los comercios.
A
su vez, mientras los sueldos siguieron en pesos y en cuasimonedas (Lecops) los
diferentes productos de bienes durables especialmente, se valuaron al ritmo del
dólar. Es decir, triplicaron su valor.
Sin
crédito y con precios tres veces más altos que en 2001, una gran cantidad de
negocios y empresas prestadoras de servicio se vieron asfixiadas
financieramente. También, los proveedores endurecieron las condiciones de venta
y en una gran cantidad de rubros -por ejemplo alimentos- la mercadería se
entregó a cambio de pagos adelantados.
Toda
esta situación llevó a un grupo de 23 instituciones locales a elevar un pedido
de moratoria al gobierno provincial para lograr un poco de oxígeno en el pago
de sus impuestos (Ingresos Brutos, Rentas, Sellos, Automotor, Inmobiliario) y
evitar las posteriores ejecuciones judiciales. Pero, la moratoria nunca llegó a
aplicarse.
Más
demanda de seguros
Un
dato revelador de lo que sucedió con el empleo durante el 2002 lo muestra las
estadísticas de Seguros de Desempleo otorgados por la Administración Nacional
de Seguridad Social (Anses). Estos seguros, se pagan a los empleados
registrados, siempre que hayan sido despedidos de sus empleos y realizado aportes
por más de un año al Sistema de Seguridad Social.
De
esta forma, durante el 2002, la cantidad de seguros de Desempleo otorgados por
la Anses llegó a casi 25.000 personas. Las mensualidades que se pagan van desde
un mínimo de $150 a un máximo de $300 y ese monto varia acorde a los aportes
realizados por el beneficiario.
En
este sentido, el 2002 recogió en promedio, 2.041 solicitudes mensuales. Al
finalizar el año, fueron un total de 24.498 personas que fueron despedidas de
sus empleos las que pidieron este beneficio otorgado por el Estado. Fue ésta la
mayor cantidad de seguros otorgados desde que se puso en marcha el sistema en
Santiago del Estero.
Uno
de cada cuatro
Hoy,
en la provincia de Santiago del Estero por cada 4 personas ocupadas, hay una
que tiene problemas de empleo. Ya sea porque carece de un trabajo o bien, está
subempleado -trabaja menos de 35 horas semanales- y en condiciones laborales
precarias o marginales.
Asimismo,
sobre la Población Económicamente Activa (PEA) que se ubica en una cantidad de
118.000 personas, están ocupadas y con trabajo registrado 106.000 personas
mientras que entre desocupados y subocupados hay 27.000 con problemas para conseguir trabajo. Están desempleadas
12.000 personas y subocupados 15.000.
Una
estimación sobre los datos oficiales indica que la salida del mercado laboral
formal de estas 12.000 personas implicó la salida de circulación del circuito
económico de $ 4.380.000 mensuales sólo en salarios que dejaron de pagarse,
teniendo en cuenta el promedio de ingresos de los asalariados locales.
Trasladado a los doce meses de un año, ello implica un monto de $56,9 millones
menos que salieron de circulación del mercado de bienes y consumo local.
Menos
ingresos
Asimismo,
el descenso de ingresos de aquellas personas que tenían un empleo formal y
pasaron a revistar en la informalidad a partir de estar subempleados (15.000
personas) ó en los planes sociales, marca una caída de ingresos que va de un
salario promedio de $365 a las prestaciones por los planes Jefes de Hogar que
se ubican en $150.
La
brecha, es de $215 menos por cada asalariado que pasó a ser un subempleado.
Multiplicado por las 15.000 personas que se ubicarían en esta situación,
implica que otros $ 3.225.000 salieron de circulación del mercado. Trasladado a
un año, ello implica un monto aproximado a los $41,9 millones.
Si
se suman los montos de los ingresos que se esfumaron del circuito económico por
el avance de la desocupación y la subocupación en 2002, se obtiene que casi
$100 millones, más exactamente $98,8 millones salieron del mercado de consumo
de bienes y servicios local.
Los
planes asistenciales
Otro
dato más que marca la emergencia social que vive la provincia desde el inicio
del año 2002 fue la cantidad de beneficiarios de los planes Jefes de Hogar que
revistan en estos programas.
En
febrero de 2002 cuando se inició la inscripción para estos planes que
contemplan una mensualidad en cuasimoneda de 150 Lecops (Letras de Cancelación
de Obligaciones Provinciales), se anotaron menos de 10.000 personas. Pero, en
los dos meses siguientes el número llegó a 40.000 para estabilizarse luego
hacia fin de año en un total de 55.000 beneficiarios.
De
esta forma, el Estado nacional asiste a través del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) de la Nación a estos beneficiarios, cuyo requisito
principal para acceder al beneficio es estar desempleado y tener carga de
familia.
En
toda la provincia, hay 55.000 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de
Hogar. Son la primera fuerza laboral de la provincia ya que ni el Estado
provincial con toda su administración pública consigue igualar este número.
Menos aún la suma de empleos del sector privado que suman menos del 50% de los
empleados públicos.