|
|
|
Trabajo
y Sociedad |
El proceso de constitución de la clase dominante en
la Argentina*
Celia Duek y Graciela Inda
Universidad Nacional de Cuyo-CONICET
kikaremba@hotmail.com
Palabras
introductorias
Analizar cómo se conforma y
consolida una alianza de clase dominante en la Argentina, así como las características
más sobresalientes de la misma, es el objetivo central de este artículo. Se
trata de una temática que si bien ha sido abordada, generalmente en forma
indirecta, por estudios construidos desde campos disciplinarios distintos y con
ópticas también disímiles, no se ha visto de manera alguna agotada. Subsisten
interrogantes y problemas, sobre todo de naturaleza sociológica, a nuestro
juicio ineludibles si se quiere avanzar en este campo.
Nuestra tesis central es que
desde mediados del siglo XIX tiene lugar una serie de transformaciones
económicas y políticas que concurren a la emergencia y afirmación de una
alianza de clase dominante o bloque en el poder en cuyo seno la burguesía
terrateniente tiene una posición hegemónica frente a las otras fracciones de la
burguesía.
Cuando
hablamos de fracciones es para
señalar los subgrupos en los que puede descomponerse una clase de acuerdo con
diferenciaciones económicas importantes. Por tanto, las fracciones
implican lugares diferentes en el proceso mismo de acumulación del capital[1].
Esta distinción resulta crucial tanto para el análisis de la composición de la
clase dominante como para el estudio de sus contradicciones internas ya que
algunos autores piensan a la clase dominante como compuesta sólo por una de sus
fracciones (la burguesía terrateniente, por ejemplo) colocando a las otras
fracciones de la burguesía como parte de las clases dominadas mientras que
otros piensan a la clase dominante o “elite dominante” como un bloque sin
fisuras internas. Por su parte, con el término hegemonía hacemos referencia a la fracción que se constituye en el
elemento dominante del bloque en el poder.
Pero hay algo más.
Cuando decimos bloque en el poder o alianza de clase dominante estamos
significando que la alianza dominante no se constituye exclusivamente en virtud
del lugar que tiene en las relaciones económicas sino también por el que ocupa
en el terreno por excelencia de las luchas políticas, el Estado. Para ser
exactos con las definiciones, el concepto de bloque en el poder o alianza de clase
dominante designa la unidad contradictoria de fracciones y capas de
clase económica, política e ideológicamente dominantes.
Volvamos a nuestra tesis
para desarrollarla. Los procesos de concentración de la propiedad de las tierras
productivas, de configuración de una forma de acumulación agraria y exportadora
(producto a su vez de los cambios que tienen lugar a fines del siglo XIX en la
expansión de las relaciones capitalistas a nivel mundial) y de consolidación
del Estado nacional son los que, según nuestro análisis, producen en su
conjunción la constitución y afianzamiento de una clase dominante[2]
caracterizada por la hegemonía de la burguesía terrateniente.
1. La
existencia de grandes extensiones de tierras fértiles en la región pampeana
En el período previo a la
consolidación de la forma de acumulación agraria-exportadora son la producción
ganadera y la actividad comercial ligadas al puerto de Buenos Aires las que
inician la acumulación de capital en el Litoral[3].
En efecto, entre fines del
siglo XVIII y 1.860 se dan algunas condiciones que favorecen cierto desarrollo
de la producción ganadera. La abundancia en la zona pampeana de tierras
fértiles que casi no requieren la contratación de fuerza de trabajo, la
liberación del monopolio comercial español, la baja complejidad de la ganadería
(la cría, matanza y faena de ganado pueden realizarse con elementos técnicos
precarios y escasa organización) y la moderada expansión de la demanda mundial
(el incipiente proceso de industrialización de las potencias europeas estimula
el comercio mundial de productos tales como las lanas y los cueros al tiempo
que crece la demanda de tasajo para el consumo de la mano de obra esclava en
Estados Unidos y Brasil) son los factores que permiten la primera expansión
ganadera[4].
Dicha expansión hace que la
ocupación por el indio de la mayor parte de las tierras se torne problemática.
Mientras que para las actividades ganaderas orientadas a una exportación muy
limitada o al consumo interno y basadas en la caza a campo abierto
(predominantes hasta aproximadamente 1.750) la imposibilidad de expandir la
apropiación territorial no es un obstáculo serio, el agotamiento progresivo de
la hacienda cimarrona y el desarrollo de la exportación de cueros conducen a la
emergencia del rodeo como forma básica de crianza de la hacienda y hacen
necesaria la posesión efectiva de las tierras. Es así que la consolidación de
la estancia como forma de organización del trabajo empuja simultáneamente a la
expansión de la frontera y a la apropiación privada de la tierra.
Pero no es sino a través de
la acción de políticas estatales específicas que dichas expansión y apropiación
privada tienen lugar. En otras palabras, la acción estatal juega un papel
principal en la configuración de los grandes latifundios y, de esta forma, en
la constitución de un conjunto de grandes propietarios territoriales.
Efectivamente, desde 1.822
las políticas estatales de enajenación de las tierras públicas, sobre todo las
llevadas adelante por el gobierno de Buenos Aires, conducen a la rápida
concentración de las mismas en pocas manos. El régimen de enfiteusis
rivadaviano es el punto de partida de esa concentración. Éste da al Estado el
dominio de la tierra no escriturada (es decir, la mayor parte del campo argentino)
prohibiendo por decreto todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto
no se cuente con una ley que regule esas transferencias. Tal política tiene
como propósito declarado poblar la campaña y asegurar un régimen agrario de
pequeños burgueses. Pero esto no sucede. Como la ley no limita la superficie de
tierra que cada solicitante puede obtener, los ganaderos, comerciantes e
inversores extranjeros de la época son los más grandes enfiteutas[5].
La ley de enfiteusis viene
entonces a permitir el proceso de enajenación de las tierras fiscales y marca
el nacimiento de los grandes terratenientes. En 1.828, ya disuelto el gobierno
nacional, la legislatura provincial de Buenos Aires dispone el arrendamiento de
tierras para pastura y cultivo de las que se benefician apenas unos 538
arrendatarios[6]. En la época
de Rosas el mecanismo de apropiación territorial alcanza grandes dimensiones ya
que toda una serie de leyes propicia la venta de tierra fiscales. En 1.836 se
promulga una ley que ordena la venta de 1.500 leguas de tierras fiscales
estableciendo además que sólo podían ser compradas por los enfiteutas, es
decir, por los que ya arriendan las tierras (éstos no están obligados a
comprarlas pero se ven favorecidos si lo hacen porque la ley aumenta al mismo tiempo
el alquiler de las tierras no vendidas)[7].
En 1.838, merced a una ley similar, un buen número de tierras arrendadas queda
en manos privadas. No es extraño entonces que en 1.840 293 familias posean
3.436 leguas de tierra de la provincia de Buenos Aires[8],
esto es, 9.276.650, 24 hectáreas. Todas las tierras vendidas están situadas en
las mejores zonas de la provincia y constituyen grandes parcelas.
Entre ese período y 1.867,
cuando el régimen de enfiteusis es anulado, se dictan más leyes y decretos que
favorecen la adjudicación de tierras fiscales. La ley de arrendamiento de 1.857
es ejemplar: permite alquilar las tierras que aún quedan en poder del Estado
defendidas por la ley de Rivadavia al tiempo que establece la entrega de
tierras libre de pagos de arrendamiento más allá de la línea de frontera.
Finalmente, la ley de 1.867 prohíbe directamente la renovación de los contratos
de arrendamiento y ordena la venta de todas las tierras arrendadas en virtud de
la ley de 1.857 dando prioridad nuevamente a los arrendatarios ya existentes. A
esto se deben sumar las múltiples leyes y decretos que autorizan a diferentes
municipios de Buenos Aires a vender tierras de propiedad pública[9].
El proceso descrito de
adjudicación de tierras fiscales se ve reforzado por la entrega de tierras como
forma de pago a los militares de la guerra de la independencia y de los
conflictos civiles, las cuales casi inmediatamente son enajenadas.
En el momento que la
denominada “campaña al desierto” de Roca de 1.879 señala la derrota del indio
ya está prácticamente consumado el proceso de apropiación privada de las
tierras más fértiles de la región pampeana. A las expropiaciones ya mencionadas
se agregan las tierras entregadas a los militares de la lucha contra el indio,
rápidamente vendidas a los propietarios existentes, y las ventas a través de
subastas de grandes extensiones disponibles tras la campaña al desierto.
Es así que cuando la
exportación de capitales y el incremento de la demanda de alimentos por parte
de los mercados consumidores europeos comienzan a ejercer su influencia,
existen en la Argentina campos localizados en la zona templada, cuya propiedad
está concentrada, que ofrecen condiciones óptimas para la producción agraria.
Prácticamente no requieren de empleo de abono y los ganados pueden pastar al
aire libre gracias al clima benigno. Una característica particular de la pampa
húmeda va a determinar la abundante rentabilidad de los campos propiedad de los
terratenientes argentinos. Monopolio de la propiedad a su vez posibilitado
tanto por las múltiples acciones estatales que tienen lugar desde principios
del siglo XIX como por la existencia de una incipiente acumulación de capital
alrededor del comercio portuario y la ganadería.
2. La
plena incorporación de la Argentina al mercado mundial y la consolidación de un
proceso de acumulación del capital basado en la renta agraria
A fines del siglo XIX el
desarrollo de la industrialización en Europa y en especial en Gran Bretaña[10],
que hasta la primera guerra mundial ejerce un rol hegemónico en el sistema
mundial capitalista, se traduce en una importante exportación de capitales, en
la apertura de nuevos mercados para la colocación de las exportaciones, en una
creciente demanda de alimentos y materias primas y en desplazamientos
migratorios (el proceso industrial de los países europeos libera una enorme
masa de trabajadores en condiciones de emigrar a países poco poblados).
Si en un primer momento las
exportaciones de manufacturas y de capitales ingleses se dirigen principalmente
a Europa y Estados Unidos, pronto comienzan a orientarse a nuevas áreas. En
efecto, entre 1.870 y 1.913 las exportaciones inglesas al resto de Europa y a
Estados Unidos decrecen en más de un 8% mientras se incrementan en igual medida
las que tienen como destino los países periféricos[11].
Al mismo tiempo, las importaciones de materias primas y alimentos desde Estados
Unidos y los países europeos son progresivamente reemplazadas por las de las
nuevas áreas de interés. Al acelerar la incorporación al mercado mundial de
nuevos países proveedores como la Argentina, Gran Bretaña suple a su antigua
colonia, Estados Unidos, en el mismo momento en que éste (superada la guerra
civil) profundiza su industrialización y expande su mercado interno.
El incremento de las
exportaciones manufacturadas hacia los países nuevos da lugar a una
intensificación del comercio bilateral, acompañado por el crecimiento
vertiginoso de las transacciones internacionales que es un signo de estos tiempos:
entre 1.870 y 1.914 se cuadruplican[12].
El mismo proceso se da en lo
tocante a las exportaciones de capital[13]:
mientras que hacia 1.850 Estados Unidos y Europa son los preferidos por los
capitales británicos, en 1.890 son los países de escasa población y
significativos recursos naturales (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sud África
y América Latina) los que concentran la mayor parte de las inversiones de ese
país, las cuales adoptan principalmente la forma de créditos gubernamentales y
empresas ferroviarias.
Ese
proceso de exportación de capitales concurre a la profundización del desarrollo
industrial en el centro mediante la incorporación a la economía mundial de
nuevas economías productoras de
alimentos y materias primas a bajo costo.
La integración de la
Argentina en el mercado mundial como exportadora de materias primas y alimentos
e importadora de productos industrializados es así producto, en el plano
internacional, de las necesidades de las burguesías de los países centrales que
cuentan con una creciente disponibilidad de capitales. En concreto, requieren
mayores beneficios para esos excedentes[14],
la apertura de nuevos mercados para la exportación de productos manufacturados
y el abastecimiento de alimentos baratos que les permita incrementar la
plusvalía por la vía de la reducción del valor de la reproducción de la fuerza
de trabajo.
Para la burguesía británica
la ecuación con Argentina no puede ser más ventajosa: coloca los saldos
exportables de su producción industrial en su mercado interno, recibe
dividendos e intereses por sus inversiones de capital (lo cual, obviamente,
acrecienta su capital) y adquiere materias primas y alimentos a bajo precio que
le permiten, a su vez, incrementar su exportación de productos industriales.
En síntesis, el acoplamiento
de los procesos internacionales de aumento de la demanda de alimentos, de
exportación de capitales, de caída de los fletes (producto de las innovaciones
tecnológicas) y de exceso de mano de obra en los países europeos con la
potencialidad de las tierras de la pampa húmeda para la producción de carnes y
granos conducen al crecimiento incesante de las producciones agropecuarias una
vez que éstas se orientan a la exportación.
Las sucesivas apropiaciones
de tierra llevadas a cabo en las décadas anteriores adquieren ahora
trascendencia económica al tiempo que la expansión de la línea de frontera, el
avance del ferrocarril[15]
(que reduce los costos internos de transporte), la creciente inmigración (que
soluciona el problema de la escasez de manos de obra) y las mejoras técnicas
permiten el ingreso de nuevas tierras a la producción.
La incorporación de la
Argentina al mercado mundial combinada con la propiedad monopólica de grandes
extensiones de tierras fértiles, va a permitir la captación de una renta agraria
a nivel internacional[16]
que resulta de la diferencia entre la cantidad de trabajo
empleada en la producción de la mercancía exportada y la que se utiliza para la
producción de una cantidad equivalente en el centro.
En
efecto, Arceo demuestra que la productividad del trabajo agrario en los países
nuevos es cuatro veces mayor que en Inglaterra. Tal diferencia se debe a una
serie de causas, algunas de las cuales ya hemos mencionado: la ubicación y
fertilidad de las tierras (en los países nuevos se han acumulado durante
milenios nutrientes mientras que en Europa las tierras ya han sido sometidas a
la explotación agrícola por siglos); el descenso en los costos de transporte;
el incipiente proceso de ocupación del suelo que hace que exista una extensión de
tierra sustancialmente mayor para cada unidad de capital invertida en el agro
(obteniéndose por consiguiente, en tierras de calidades similares, mayores
rendimientos por hombre ocupado que en el centro); el hecho de que el ganado se
alimente por sí mismo en praderas en su mayor parte naturales (mientras que en
Europa el ganado se cría en establos); la prescindencia por parte de la
agricultura del uso de fertilizantes y de rotaciones (al tiempo que la
agricultura europea se basa en rotaciones para la restitución de la fertilidad
del suelo y la alimentación del ganado, así como en el empleo de grandes
cantidades de abono y fertilizantes).
Ahora
bien, el empleo de una menor cantidad de trabajo por unidad de producto agrario
se traduce en una renta a escala internacional porque la unidad de trabajo
empleada en Argentina aparece como equivalente a la invertida en el centro. La
apertura del mercado interior del centro a la producción agraria de nuevas
regiones hasta entonces escasamente pobladas produce el abaratamiento de los
alimentos y la caída de la renta agraria al tiempo que un notorio incremento de
las exportaciones industriales hace factible la potenciación del trabajo en la
periferia. “El trabajo de ésta, más
productivo, se presenta en el mercado mundial como un trabajo más intensivo que
concentra en un menor lapso de tiempo una mayor cantidad de trabajo socialmente
necesario”[17].
Esa
renta agraria internacional constituye un tributo impuesto por los que
monopolizan el territorio de la periferia (esto es, por quienes controlan un
recurso natural limitado y no reproducible) al conjunto del capital del centro.
“Resulta no sólo de la
inexistencia en el centro de tierras de calidad similar a la del país nuevo,
sino también y fundamentalmente del hecho de que el capital del centro no puede
–en razón de la barrera que erige la estructura del trabajo agrario a la
movilidad internacional del capital- explotar directamente el suelo del país
nuevo”[18].
Pero la renta lograda a partir
de la exportación de la producción agropecuaria pampeana en condiciones que
intensifican la productividad del trabajo, no es apropiada exclusivamente por
los terratenientes[19].
Parte de esa renta corresponde a los sistemas de comercialización, transporte y
finanzas caracterizados por el predominio del capital extranjero.
Por cierto, los recursos
financieros emergentes de la integración de la Argentina al mercado mundial
capitalista tienen una importancia crucial en la formación de la clase
dominante argentina. La valorización de las tierras inducida por la expansión
agrícola y ganadera y la posesión de vacunos (que equivale a contar con un
“capital semilíquido”) son los ejes de la captación de recursos financieros. De
tal modo, el aumento del precio de la tierra y del ganado -efectos de la
incorporación al mercado mundial- contribuyen al crecimiento del capital local
y a la obtención de una voluminosa cantidad de dinero líquido[20].
También la modalidad adoptada por las exportaciones de capital de
las burguesías de los países centrales concurre a la consolidación de una clase
dominante asentada en una acumulación agroexportadora. En efecto, esas
exportaciones se orientan a la realización de obras que facilitan la
comercialización y el transporte de los productos argentinos en el mercado
internacional. El notable incremento de los capitales ingleses permite la
expansión del ferrocarril y la modernización del puerto de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, y si bien
las inversiones de capital británico son decididamente exiguas en el sector
industrial, son de origen inglés los capitales que instalan los primeros
frigoríficos. El resultado es la asociación del monopolio de la tierra con los
capitalistas ingleses, los cuales participan en la producción de uno de los principales
bienes exportables e influyen fuertemente en el comercio exterior.
Con la finalidad de exportar
los productos del agro, los capitales extranjeros[21]abarcan
no sólo los frigoríficos y los servicios públicos (ferrocarriles, gas,
tranvías, teléfonos, subterráneos y energía eléctrica) sino también las
compañías exportadoras de granos[22],
los bancos, las compañías de tierras y las empresas marítimas que transportan
la producción argentina. Proporcionan de esta forma los mecanismos comerciales
y financieros para la movilización de la producción exportable y la
distribución de importaciones en el mercado interno[23].
De tal modo, la Argentina
nace como una formación nacional (hacia 1.880 se produce la definitiva
consolidación del Estado) periférica y dependiente en el mismo momento en que a
la forma de expansión del capitalismo por la exportación de mercancías se suma
la exportación de capitales. Periférica y dependiente porque, para decirlo
rápidamente, el proceso de acumulación del capital se deriva principalmente de
la evolución de las formaciones sociales centrales, sobre todo de la de Gran
Bretaña, quedando así supeditado a unas relaciones externas.
“La llamada coyuntura inversa, es decir, la
relación inversa entre las fases coyunturales de Inglaterra y la de las
naciones periféricas vinculadas a ella, posibilitaba que en las fases
ascendentes de acumulación del Reino Unido (fuerte importación de materias
primas, déficit comercial) se crearan condiciones de prosperidad en sus
partenaires basadas en la importación de capitales provenientes de la
metrópoli. Por el contrario, cuando en Inglaterra comenzaba la etapa depresiva,
los capitales, atraídos por las mayores tasas de interés ofrecidas por las
instituciones financieras británicas, retornaban a su país de origen
descargando las consecuencias de la crisis en los países de la periferia. Gran
Bretaña pudo así controlar los ciclos económicos en su propio beneficio dada su
posición hegemónica en el comercio y las finanzas internacionales”[24].
Los ingresos de capitales y
la cantidad de las exportaciones agrarias, pilares del funcionamiento de la
forma de acumulación agroexportadora, dependen de las condiciones específicas
de los mercados agrarios y de capitales de los países centrales. El resultado
es, claro está, una marcada vulnerabilidad externa: el patrón de oscilaciones
económicas (expansión-recesión) que se registra en la economía agroexportadora
encuentra su origen en la variabilidad de las exportaciones y del ingreso de
capitales[25].
Pero la forma de acumulación
agroexportadora no sólo se basa en las constantes entradas de capitales y en la
conservación de los mercados para sus exportaciones sino también en las
importaciones de bienes manufacturados. En general, los artículos de consumo,
excepto la carne vacuna y otros alimentos, se importan como así también casi la
totalidad de las maquinarias y equipos. En cuanto a la estructura de las
importaciones según las industrias de origen, la posición dominante la tienen,
incluso a fines de la década del veinte, los productos textiles, el hierro y el
acero[26].
De tal forma se crea un
círculo vicioso que tiene por resultado una aguda subordinación del proceso de
acumulación a las condiciones externas. Por un lado, ya desde antes de la primera
guerra mundial, los servicios de la deuda son superiores al saldo de la balanza
comercial. Por tanto, cada año se necesita de la entrada de nuevos capitales
para evitar problemas en la balanza de pagos. Fodor y O’Connell señalan que en
toda la primera mitad del siglo XX la corriente de servicios financieros
(intereses, beneficios, amortizaciones) hacia el exterior supera la del capital
ingresado al país[27].
Por el otro, no se pueden
disminuir fácilmente las importaciones ya que contribuyen de manera decisiva a
satisfacer el consumo interno. Representan de tal modo, al igual que los
servicios de la deuda, una carga fija bastante inflexible frente a los ingresos
de divisas que, por el contrario, son altamente inestables[28].
La vulnerabilidad se agrava además por el hecho de que los proveedores de
divisas (principalmente, empresas cerealeras y frigoríficos conectados al
comercio exterior) están concentrados y ejercen un fuerte control sobre las
reservas de dichas divisas.
Además, el hecho de que en
el mercado mundial se fijen los precios de los productos[29]y
el destino de los capitales determina indirectamente qué conviene producir. Los
centros industrializados tienen así poder de decisión sobre la organización
interna de la producción.
Tal es así que al promediar
la segunda mitad del siglo XIX la adecuación a las nuevas exigencias del
mercado europeo conduce a la desarticulación de la incipiente economía
exportadora apoyada en los cueros y el tasajo para dar paso al desarrollo de la
ganadería ovina y la exportación de lanas. Cuando tiene lugar la abolición de
la esclavitud en Estados Unidos (1865), en Cuba (1885) y en Brasil (1888),
hasta entonces los mercados tradicionales de la exportación ganadera, comienza
a declinar la exportación de carne salada argentina y adquiere primacía la
crianza de ovinos merinos orientada a los mercados consumidores europeos que
requieren para sus industrias de tejidos de lana larga[30].
La introducción de la
conservación de carnes congeladas a principios de la década del ochenta produce
el desplazamiento del merino: se lo comienza a reemplazar por otras razas o se
lo mestiza con el objeto de obtener mejores rendimientos cárneos del ganado
ovino. No obstante su pérdida de importancia frente al lanar, el ganado vacuno
-convenientemente mejorado para adaptaarse al gusto europeo- encuentra una
salida merced al desarrollo de la exportación de ganado en pie sobre todo a
Inglaterra[31].
Luego, entre 1.904 y 1.910,
la intensificación de la introducción de reproductores importados, la prohibición
de importación de ganado en pie establecida por Gran Bretaña desde 1.900 y el
perfeccionamiento de los frigoríficos orientados a la exportación de carnes
(ahora también producen carnes enfriadas) conducen al apogeo del vacuno fino,
lo cual tiene un efecto adverso sobre el lanar hasta entonces predilecto de los
ganaderos. Comienza entonces el predominio de las exportaciones de carnes
vacunas congeladas y enfriadas.
Las nuevas técnicas
frigoríficas y el mayor refinamiento del ganado van de la mano con el desarrollo
agrícola más intenso y acelerado de la región pampeana. Esta expansión de la
producción agrícola es significativa sobre todo si tenemos en cuenta que en los
años anteriores a 1.880 es tan escasa que es preciso importar trigo y otros
cereales para satisfacer el mercado interno y que recién en 1.890 logra
abastecerlo. Sus causas son conocidas: el reemplazo de las mayor parte de las
ovejas y de casi todo el ganado criollo por vacunos refinados, impulsado por la
necesidad de satisfacer la enorme demanda de carnes de calidad del mercado
europeo, obliga a alfalfar los campos y a roturar la tierra. La alfalfa, debido
a su carácter perenne, aparece como el mejor medio para la implantación de
pasturas que posibiliten el engorde final del ganado mestizado. Pero su
implantación requiere de la previa preparación del terreno mediante la
obtención de varias cosechas.
En el primer quinquenio del
siglo XX comienza a darse, con el objeto de reemplazar los pastos duros por
pastos blandos para el engorde del ganado vacuno, una complementación entre la
ganadería y la agricultura a través del mecanismo de los arrendamientos[32]:
las tierras se dividen en lotes y se arriendan para dedicarlas a la siembra del
trigo y del maíz, dejándolas luego con alfalfa.
La producción agrícola no
sólo crece en términos absolutos (en efecto, la superficie total sembrada de
granos y forrajes pasa de 340 mil hectáreas en 1.875 a 6 millones en 1.900, a
20 millones en 1.913 y a 25 millones en 1.929) sino que finalmente alcanza en
importancia a la producción ganadera (mientras que en 1.870 las exportaciones
de productos agrícolas representan menos del 1% del total y las ganaderas el
80%, en 1.915 prácticamente se equiparan, constituyendo esto un fenómeno de
largo plazo)[33].
Es el auge de la producción agropecuaria de exportación: en las
décadas del veinte y del treinta Argentina exporta el 60% del maíz, el 40% del
trigo y de la carne vacuna, aproximadamente, de las exportaciones mundiales de
dichos productos[34]. Al tiempo
que mientras que en 1.900 las exportaciones agropecuarias representan el 55% de
la producción total de la región pampeana, hacia 1.929 la proporción crece
hasta el 70%[35].
Ahora bien, y este dato es de vital importancia para comprender los
posteriores problemas en torno al comercio de carnes, son las exportaciones
cárnicas las que constituyen la base del comercio con Gran Bretaña. En efecto,
en 1.914 mientras que del total de las exportaciones de trigo, maíz y lino
argentinas se coloca en el Reino Unido el 19,6%, 10,4% y el 13,1%, respectivamente;
las exportaciones de carneros congelados a ese país constituyen el 89,3% del
total y las de carne bovina congelada y envasada el 83,5%[36].
En 1.925, mientras solamente el 10% del maíz y el 34% del trigo exportados por
la Argentina tienen como destino Gran Bretaña, el 76% de todas las
exportaciones de carne argentina, el 54% de la carne bovina congelada y el 99%
de la enfriada son vendidas a Gran Bretaña[37].
En otras palabras, las exportaciones de carnes - sobre todo las de carnes
enfriadas- se encuentran extremadamente concentradas en torno a Gran Bretaña
mientras que las exportaciones de granos tienen una distribución más
diversificada.
En fin, el desarrollo de una
forma de acumulación asentada en el crecimiento de las exportaciones
agropecuarias -posibilitado, a su vez, por la amplitud de la demanda mundial de
las mismas- y en las inversiones externas contribuye a que la fracción asociada
al comercio exterior y propietaria de las tierras puestas en producción (las
cuales cuentan con las ventajas derivadas del humus pampeano, del régimen de
lluvias, de la escasa distancia desde los lugares de producción a los puertos
de embarque, etc.) ocupe un lugar central en la estructura de clases.
Mientras tanto, y en virtud
de los mismos procesos que concurren a la consolidación de una alianza
dominante que basa su desenvolvimiento en la dinámica de las exportaciones
agropecuarias, se consolida una formación social dependiente que no controla
internamente el proceso de acumulación.
3. La
constitución y consolidación del Estado nacional
Si hay trabajos que
advierten el papel que tienen los dos primeros procesos, el de la expansión y
concentración territorial y el de la forma de acumulación agraria y
exportadora, en la conformación de la clase dominante en la Argentina no puede
decirse lo mismo en lo referido al rol del Estado. Y, sin embargo, se revela
imposible comprender dicha conformación sin tener en cuenta el proceso de
construcción del Estado nacional. En la incorporación de este aspecto
constitutivo radica, creemos, buena parte de la relevancia de nuestra
propuesta.
Desde nuestra perspectiva,
es el Estado, a través de múltiples mecanismos, el que construye un terreno
sólido de confluencia de los intereses de las distintas fracciones de la
burguesía. Lo hace, sobre todo, interviniendo activamente en la consolidación
de las condiciones necesarias a la forma de acumulación emergente, manteniendo
el orden en todo el territorio a través de sus aparatos represivos, fabricando
un discurso político e ideológico acorde a las nuevas condiciones y
cohesionando la formación social[38].
La fuerte expansión de la
demanda mundial de productos agropecuarios de clima templado y la disposición
en la Argentina de tierras fértiles para esta producción no son condiciones
suficientes para posibilitar el crecimiento de la producción y de las
exportaciones agropecuarias. El Estado, que adquiere su consolidación
institucional hacia 1.880, tiene un papel decisivo para asegurar el
funcionamiento de la forma de acumulación agraria y exportadora. Sus acciones
más importantes son las de garantizar la libre circulación de bienes y
capitales, favorecer la expansión de la red de transportes orientada al puerto
de Buenos Aires y otras obras de infraestructura, facilitar la puesta en
producción de las nuevas tierras de la frontera, estimular la inmigración
extranjera para obtener fuerza de trabajo y organizar un sistema jurídico
monetario.
Pero ese Estado
nacional no sólo es condición sino al mismo tiempo producto del proceso de
expansión capitalista que toma la forma específica de una relación desigual
entre una formación central (Inglaterra, luego también EE.UU.) y una Argentina
periférica con una forma de acumulación satélite. Por un lado, el Estado tiene
un papel constitutivo en la creación y reproducción de las condiciones y
recursos necesarios a la solidificación del nuevo proceso de producción; papel
que en sus inicios se traduce centralmente en la puesta en marcha de los
aparatos represivos. Por el otro, aparece como producto de esa expansión: la
multiplicación y especialización de las instancias estatales responden, en
parte, a la necesidad de resolver los problemas que plantea el desarrollo de la
nueva forma de acumulación[39].
En este proceso bilateral el Estado no condensa simplemente los intereses de la
burguesía terrateniente sino también los intereses del capital internacional
dominante y los de los demás capitales imperialistas.
A través de las
acciones tendientes a la vigorización de la forma de acumulación agraria y
exportadora, de la formalización de un discurso unificador (el del orden y el
progreso sin límites) y del disciplinamiento y calificación de la fuerza de
trabajo (escolarización, etc.), el Estado viene a cumplir un papel organizador
específico respecto de las diferentes fracciones de la burguesía. Crea las
condiciones propicias para el desarrollo y homogeneización de unas fracciones
que ocupan lugares diferentes en el proceso de producción.
En efecto, la
burguesía no se presenta constitutivamente unificada, esto es, no constituye
una clase social con intereses homogéneos ya en el terreno económico. Si
aparece dotada de cierta unidad es por la mediación del Estado: sólo entonces
se constituye en un bloque con intereses comunes a pesar de sus
contradicciones. Es la autonomía relativa del Estado respecto a cada fracción
del bloque en el poder la que le permite asegurar la organización del interés
general de la burguesía (su organización política), al tiempo que realizar
compromisos con las clases dominadas.
Dicho papel del
Estado nacional en la unificación de la clase dominante puede entenderse mejor
si se toman en cuenta las relaciones de fuerza específicas que están en la base
de la construcción de dicho Estado. Veamos.
La afirmación
del Estado implica la monopolización de la violencia legítima, la consecución
de los recursos necesarios a su funcionamiento y la reproducción y puesta en
marcha de sus aparatos represivos e ideológicos. Los problemas que se oponen a
ello a fines del siglo XIX son, entre otros, el control por parte de las
burguesías bonaerenses (los terratenientes ganaderos y los comerciantes) de la
renta aduanera, la ausencia de un ejército auténticamente nacional, el dominio
de gran parte del territorio por los indios y la carencia de una residencia
definitiva del Gobierno Nacional.
El roquismo
(que representa la alianza entre las burguesías provinciales sin conexión con
el capital extranjero y que concentra los apoyos de las corrientes populares
del alsinismo bonaerense, los intelectuales del interior y el incipiente
ejército nacional) resuelve uno por uno esos problemas produciendo la
unificación nacional. A través del control del ejército, enfrenta el monopolio
de la renta de las burguesías comercial y terrateniente ganadera bonaerenses[40]
y la distribuye a todas las provincias al tiempo que obtiene una fuente de
recursos (a la que se suman rápidamente los empréstitos extranjeros) para el
desenvolvimiento y expansión del Estado nacional.
Los límites a
la expansión de las fuerzas productivas requerida por las relaciones
capitalistas mundiales (anarquía monetaria, población insuficiente, caminos
intransitables, aduanas interiores, normas dispersas y contradictorias, etc.),
son removidos por el Estado nacional. Éste, a través de los gobiernos con
hegemonía roquista, interviene creando y fortaleciendo las condiciones que
favorecen el proceso de producción dominante (construcción de nuevas vías de
comunicación, imposición de leyes generales que regulan las operaciones
comerciales y la propiedad de la tierra, expansión del aparato educativo y del
sistema de salud, poblamiento del territorio, etc.). Pero, al mismo tiempo,
impide la división soñada por Inglaterra (una Buenos Aires aislada del resto
del país) y fuerza la situación de la unificación nacional contra la política
de los comerciantes y terratenientes bonaerenses que la impiden desde hace
décadas[41].
Esta es la gran tarea histórica que le cabe al Estado nacional surgido de la
federalización de la ciudad de Buenos Aires impuesta por el roquismo del
interior en 1.880.
No obstante, el
roquismo en el poder pronto se encuentra preso de una antítesis irresoluble.
Mientras que las fuerzas que lo integran defienden el proteccionismo estatal,
los capitales internacionales - que juegan un papel indispensable en el
financiamiento del Estado y en el desarrollo de las relaciones de producción
vigentes- no se interesan por la industrialización como tampoco la burguesía
terrateniente. La internalización de los capitales foráneos y el consiguiente
desarrollo de las fuerzas productivas termina produciendo la vinculación entre
las burguesías provinciales (representadas por el roquismo) y las burguesías
portuarias (representadas por el mitrismo). Toma forma la “oligarquía”.
A medida que se
solidifica la vinculación entre las burguesías provinciales y las portuarias,
dando lugar a la configuración de una clase dominante verdaderamente nacional,
se da un desplazamiento de las fuerzas populares tradicionales hacia un nuevo
movimiento nacional que gira en torno del radicalismo yrigoyenista. El programa
yrigoyenista del sufragio universal, el cumplimiento de la Constitución
Nacional del 53 y la realización de elecciones libres y transparentes
constituye un eje aglutinador importante en un momento en que sólo unos pocos
participan efectivamente de la lucha política. En esta nueva fuerza nacional
encuentran su expresión las clases populares y criollas así como los nuevos
argentinos hijos de la primera generación de inmigrantes.
El yrigoyenismo
representa fundamentalmente a los productores agrícolas y ganaderos
desvinculados del mercado mundial y enfrentados a la “oligarquía” terrateniente
y comercial. Su principal apoyo popular está constituido por el peón rural.
Pero también incorpora a su proyecto a otras clases y sectores: la nueva
pequeña burguesía urbana surgida junto con la consolidación del Estado, la
pequeña burguesía agrícola, la pequeña burguesía industrial y los
universitarios.
Pretende, en un
contexto en que la maquinaria electoral y el resto de los aparatos e
instituciones del Estado se caracterizan aún por la hegemonía del partido
autonomista nacional, abrir espacios de acción política para las clases,
fracciones de clase y categorías sociales que representa. Se transforma en
fuerza hegemónica a medida que el roquismo pierde su carácter revolucionario e
inscribe en las estructuras estatales ya consolidadas por éste la marca de una
lucha histórica: el sufragio universal. Se abre así el acceso de nuevas clases
a la lucha política.
Tanto el
roquismo como el yrigoyenismo, que ocupan cada uno en su momento las posiciones
claves en las cimas administrativas y de gobierno así como el centro de la
escena política, tienen vinculaciones estrechas con la alianza de clase
dominante pero no realizan sin más sus intereses. Su papel es impuesto a la clase
dominante como producto de las alianzas y los compromisos necesarios para el
establecimiento de su hegemonía.
En efecto, a
pesar de que en determinados momentos se pliegan claramente a los intereses del
bloque en el poder, el roquismo y el yrigoyenismo no siempre están dispuestos a
un compromiso incondicional con el mismo. A menudo, las necesidades de
expansión de la actividad estatal resultan contradictorias con los intereses de
la burguesía por lo que ciertas iniciativas del gobierno nacional (como por
ejemplo, la nacionalización del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la
tributación sobre el comercio exterior) lo enfrentan a esa clase. Además, no
cabe dudas de que tanto la federalización de la capital llevada adelante por el
roquismo como el sufragio universal impuesto por el yrigoyenismo son conquistas
“arrancadas” a la clase dominante.
Pero, por otra
parte, ya vimos cómo el conjunto de las intervenciones del Estado no hacen otra
cosa que posibilitar y profundizar la forma de acumulación agraria y
exportadora al tiempo que representa el interés político a largo plazo del
conjunto de la burguesía bajo la hegemonía de la burguesía terrateniente. Las
fronteras objetivas a las acciones que desde el Estado pretenden impulsar las
fuerzas nacionales y populares están dadas por esta hegemonía.
En efecto, la
transformación política propugnada por el radicalismo proporciona un mecanismo
pacífico para el acceso de nuevas clases al poder político pero no pretende
alterar la estructura básica agraria y exportadora. En otras palabras, las
políticas radicales se dirigen a ciertas instituciones de la estructura de los
aparatos estatales pero no alteran la base misma de la forma de acumulación
agraria y exportadora ni tampoco la organización e institucionalización ya
consolidada del Estado.
La burguesía
con hegemonía terrateniente no encuentra en el Estado un instrumento hecho a su
medida (esto porque las distintas resistencias se inscriben en la materialidad
misma de ese Estado), pero sí haya en él un espacio privilegiado de ejercicio
de su hegemonía política. Los principios del liberalismo, con los que la
burguesía constituye su identidad política, guardan una relación objetiva con
los fundamentos de las instituciones estatales: se da una articulación entre
los intereses particulares de la burguesía y el discurso del Estado que
proclama la defensa de las libertades, la promoción del progreso y del orden.
Un amplio conjunto de funcionarios-intelectuales de la burocracia estatal se
identifica así con la ideología propia de la burguesía librecambista.
Sintetizando, es recién a
partir de la realización del objetivo estratégico de la capitalización de
Buenos Aires y la consiguiente nacionalización de la renta, llevada adelante
por el roquismo, que el Estado nacional comienza a adquirir capacidad para
mantener, más allá de las armas, la cohesión de la formación social argentina
hasta ese momento constantemente en jaque.
Ciertamente,
hasta la configuración del roquismo la correlación de fuerzas no da para la
constitución de un Estado nacional. Las clases portuarias producen una
estructura política limitada a Buenos Aires y al puerto mientras que el
roquismo, representante de los intereses de las burguesías agrarias e
industriales del interior, consigue articular los intereses de las fuerzas nacionales ya mencionadas: el
alsinismo bonaerense, los restos de los ejércitos federales, la nueva
agricultura del interior, etc.
Durante las
décadas siguientes a la federalización, el roquismo (cada vez más imbricado con
la alianza de clase dominante) estimula la consolidación de un sistema de
instituciones nacionales relativamente independiente de las alianzas locales.
Este sistema desplaza paulatinamente la relación entre provincias como eje de
la lucha política, para dar lugar a otras instancias, tales como el congreso
nacional y el sistema de partidos. Estas instituciones configuran los nuevos
espacios de la lucha política no sólo de las distintas fracciones de la clase
dominante sino también de las clases dominadas.
En síntesis, por
el mismo proceso que se configuran los aspectos constitutivos del Estado
nacional toma forma la alianza de clase dominante que aparece dotada de una
organización política e ideológica. Por una parte, se consolida un conjunto de
aparatos relativamente autónomo que garantiza la cohesión de la formación
social a la vez que condensa las relaciones de fuerza entre las clases
presentes en dicha formación. Por la otra, las diferentes fracciones del
capital configuran una alianza política de largo plazo y de alcance nacional,
un bloque en el poder.
Prueba de ello
es que las políticas económicas de largo plazo implementadas por el Estado (ya
sea en los gobiernos roquistas o en los radicales) durante toda la fase de
acumulación basada en las exportaciones agropecuarias giran en torno a la
apertura de la economía a las fuerzas operantes en el mercado mundial, a la
incorporación masiva de inmigrantes y de inversiones extranjeras, al
tratamiento diferencial de las importaciones, a la expansión del gasto público
necesario al crecimiento de la economía, a la organización de un sistema
monetario estable, a la expansión de un conjunto de bancos estatales que
permite la formación de un mercado financiero, a la consolidación del marco
legal necesario a las transacciones comerciales (Códigos Penal, de Minería, de
Comercio, etc.).
En otras
palabras, la forma típica de intervención del Estado (que dista mucho de ser un
Estado “gendarme” como pretenden los liberales) hace foco en las necesidades de
reproducción de la forma de acumulación en que se basa el poder de las
fracciones más importantes de la alianza de clase dominante. El manejo de la
coyuntura económica, por su parte, al limitarse a acompañar las variaciones del
ciclo económico iniciado en los centros industriales[42],
opera en el mismo sentido.
En efecto, el
Estado capta una buena parte de las inversiones extranjeras a través de los
empréstitos gubernamentales (12 millones entre 1.880 y 1.885, 23 millones entre
1.886 y 1.890, 34 millones entre 1.891 y 1.900[43])
y se hace responsable por el capital y los intereses de los préstamos tomados.
Préstamos que, una vez cubiertas las necesidades presupuestarias, se dedican a
obras de infraestructura y a la construcción de vías férreas, esto es, a la
infraestructura básica agroexportadora.
Asimismo,
no deja de incentivar la inversión extranjera. Con tal fin, garantiza a las
inversiones en ferrocarriles beneficios mínimos que llegan hasta el 7% del
capital invertido; exime desde 1.907 (por medio de la ley Mitre) a las empresas
del pago de impuestos a cambio de una obligación del 3% sobre las utilidades
netas; realiza concesiones de tierras adyacentes a las vías, etc.
Estos ejemplos muestran cómo el Estado interviene activamente
estimulando el proceso de acumulación. Lo hace sobre la base del endeudamiento
externo y la consiguiente salida de divisas. Mecanismo que mostrará su
fragilidad en cada crisis, como las de 1.890 y 1.914, cuando los centros
industrializados interrumpen el flujo de capitales.
La ausencia de una política de protección industrial, asimismo, no
hace otra cosa que posibilitar el crecimiento de las importaciones. Si bien la
Ley de Aduanas de 1.877 establece derechos aduaneros sobre la importación de
diversos productos tales como calzado, ropa y muchos productos alimenticios
(favoreciendo así el desarrollo de ciertas industrias) no es acompañada por
otro tipo de medidas al tiempo que el mismo sistema arancelario presenta
severas limitaciones: un alto porcentaje de importaciones queda libre de
derechos y las denominadas ramas dinámicas de la industria quedan
desprotegidas. Este “proteccionismo al revés” se profundiza en 1.906 cuando la
Ley de Aduanas, vigente hasta la década del treinta, es reemplazada por la Ley
Arancelaria que fija un valor de aforo para cada producto que sólo puede ser
actualizado por otra ley. Al distanciarse los precios internacionales de los
valores de aforo se produce una reducción real de las tarifas. Las únicas
actualizaciones de esos valores sobre los cuales se determinan las tarifas se
hacen en 1.920 y 1.923. El resultado es que mientras que en 1.910 las tarifas
representan en promedio el 92.7% de su valor arancelario y en 1.916 el 59.4%,
en 1.918 tan sólo el 33.1%[44].
El conjunto de estas
políticas condensa entonces la estrategia propia de los grandes terratenientes
aliados con la burguesía comercial y la burguesía financiera que, dadas las
condiciones del sistema mundial capitalista, consiste en bloquear el desarrollo
interno de la industrialización y en fomentar el desarrollo de las condiciones
que permiten la obtención de una renta agraria a escala internacional.
Pero, al mismo
tiempo, algunas políticas tienen que ver con las necesidades de reproducción
del Estado (como la que en 1.928 establece el impuesto a las exportaciones, que
pasa a ser un interesante recurso fiscal) y con los compromisos políticos
asumidos con otros grupos sociales (los gobiernos radicales, por ejemplo,
aumentan el gasto público en salarios y pensiones, favoreciendo la
consolidación de la nueva pequeña burguesía).
También, y en
atención a los reclamos de los pequeños y medianos productores agrarios, en
1.921 se dicta una ley de arrendamientos que permite a los que arriendan
pequeñas parcelas (menores a 300 hectáreas) prolongar el alquiler cuando el
contrato es inferior a tres años y negociar libremente la venta de su
producción. Otras medidas, como el reparto de semillas en momentos críticos, se
orientan en el mismo sentido. Pero se trata de medidas acotadas y parciales que
no alteran el régimen de propiedad de la tierra ni el sistema de
arrendamientos.
Por otra
parte, y esta es una función esencial en el mantenimiento de la hegemonía de la
burguesía, el Estado interviene activamente desarticulando la organización
política de las clases dominadas y disciplinando el mercado de trabajo mediante
la represión.
Por todo lo
dicho queda claro entonces que no se trata simplemente de que las políticas
estatales beneficien los intereses de las fracciones más poderosas de la
burguesía. Desde la unificación nacional se da un proceso en el que el Estado,
en el conjunto de sus aparatos, interviene en la configuración y consolidación
de la alianza de clase dominante o bloque en el poder, empezando por la
cohesión del territorio nacional y la recreación de las condiciones necesarias
al desarrollo de una acumulación orientada al mercado externo y que excluye la
industrialización.
Síntesis
En la Argentina
la constitución a fines del siglo XIX de las diferentes fracciones de la
burguesía (comercial, financiera, agraria, industrial, terrateniente) en una
clase dominante con alcance nacional y relativamente unificada bajo la
hegemonía de la burguesía terrateniente responde principalmente a la conjunción
de tres procesos.
Por una parte,
se establece una profunda conexión entre las estrategias desplegadas por las
burguesías de los países centrales con vistas a contrarrestar la tendencia
descendente de la tasa de ganancia (importación de alimentos baratos,
exportación de capitales, etc.) y la existencia en nuestro país de grandes
territorios, de propiedad monopólica, dotados de aptitudes inmejorables para la
producción agropecuaria. El consiguiente desarrollo de una acumulación del
capital asentada casi exclusivamente en la explotación de una renta agraria
internacional hace que la fracción propietaria de las tierras puestas en
producción ocupe un lugar central al interior de la burguesía.
En efecto, la
burguesía terrateniente se apropia privilegiada y crecientemente de la renta
agraria obtenida a escala internacional bajo la forma de renta del suelo. Y
dentro de la burguesía terrateniente corresponderán a los invernadores
(propietarios de tierras especialmente aptas para la producción agropecuaria)
los más altos niveles de valorización de las tierras y de percepción de renta
diferencial. Los otros componentes de la clase dominante vinculados al comercio
exterior y a la especulación hipotecaria, sobre todo aquellos segmentos
concentrados y controlados por capitales extranjeros (piénsese, por ejemplo, en
la comercialización de granos, en los frigoríficos, etc.), participan asimismo
del proceso de apropiación de la renta agraria y defienden la política
librecambista y aperturista[45].
Pero hace falta
tener en cuenta la concurrencia de una tercera condición para dar con la
formación de la clase dominante en la Argentina: es el Estado el que, al tiempo
que consolida sus aparatos e instituciones, interviene organizando
políticamente a las diferentes fracciones de la burguesía como una clase dominante
a pesar de sus contradicciones. Para llevar las cosas a un extremo: sin esta
organización política las fracciones de la burguesía no llegarían a constituir
una clase dominante. Ello porque las diferentes fracciones de la burguesía no
se encuentran de por sí unificadas. O lo que es lo mismo: no es posible pensar
a la clase dominante, compuesta de varias fracciones, como constituida en la
sola esfera económica.
Más
concretamente, sólo cuando se produce la unificación nacional, la consolidación
de un Estado verdaderamente nacional - esto es, un conjunto de aparatos
especializado, centralizado, con autoridad legítima y soberana en todo el
territorio, con un poder específico relativamente separado del poder económico
y de las alianzas localistas- se produce la articulación (inestable, por
supuesto) de los diferentes segmentos de la burguesía. Como ya hemos señalado,
esa unificación es impuesta por el roquismo (sustentado en la alianza entre las
burguesías provinciales desconectadas del capital internacional, en el
incipiente ejército nacional y en ciertos sectores populares) a las burguesías
comercial y terrateniente ganadera bonaerenses que monopolizaban la renta y
portaban un proyecto político estrictamente circunscripto a Buenos Aires y su
puerto.
La hegemonía de
la burguesía terrateniente, en fin, no deviene exclusivamente de la dinámica
del proceso de acumulación del capital. También se explica por su
posicionamiento en el campo estratégico del Estado. En efecto, en función de
sus intereses específicos logra imponer en medio de un contexto mundial que lo
permite, el bloqueo de la producción de bienes manufacturados y de capital.
Producción que probablemente tendría como efecto una elevación de los costos de
las actividades agropecuarias - en relación con el precio de los bienes de
capital importados- a que se dedica esta fracción y el rompimiento de las
estrechas relaciones entabladas con las burguesías de las formaciones
capitalistas centrales, sumamente interesadas en colocar sus propias
exportaciones.
También es un mérito del
papel dominante que ejerce la burguesía terrateniente en el terreno estatal el
hecho de que la política agraria no estimule, como en otros países, a los
pequeños y medianos productores independientes. Por el contrario, la acción del
Estado en este campo favorece la valorización de las tierras e incentiva a sus
propietarios a ponerlas en producción.
Es más, si bien
los cambios en la economía capitalista mundial que tienen lugar a partir de la
crisis del treinta conllevarán la crisis definitiva de la forma de acumulación
centrada en la exportación de las producciones agropecuarias (cuyos síntomas de
descomposición están incluso presentes al finalizar la primera guerra mundial),
la burguesía terrateniente mantendrá su posición principal en la relación de
fuerzas de la alianza de clase dominante durante toda la década del treinta y
la primera mitad de la década del cuarenta. Lo hace adaptándose al nuevo
contexto de crisis de las exportaciones de materias primas a través de una
estrategia que consiste en aceptar ciertas formas restringidas de
industrialización, es decir, limitadas a cubrir la declinación de la
importación de bienes de consumo. Pero este ya es otro tema.