Trabajo y Sociedad Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas Nº 4, vol. III, marzo-abril de 2002, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871

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Los profesionales universitarios en el mercado de trabajo

 

 

 María Emilia Isorni

Departamento de Sociología

Universidad Nacional de Santiago del Estero

marili@unse.edu.ar

 

 

 

Introducción

 

 

            Desde hace ya algunas décadas, los problemas derivados de la relación educación – empleo ocupan una atención creciente en las sociedades del mundo occidental, constituyendo desafíos para la investigación, la planificación educativa y la evaluación educativa. Desde este marco, el presente trabajo aborda esa relación, pero circunscribiéndose al rol que la educación superior juega en un contexto de crisis.

            La pregunta central que inspira y es guía de esta presentación puede ser sintetizada de la siguiente manera: en las condiciones actuales de crisis económica-estructural que ha repercutido negativamente en el comportamiento del mercado de trabajo, ¿vale la pena estudiar más años, es decir, conviene realizar estudios superiores en orden a posibilitar una inserción laboral privilegiada?

            El supuesto teórico del que se partió y que posibilitó el análisis es que las relaciones entre la formación universitaria y el mercado de trabajo no pueden ser aisladas del modo de vida y de producción de una estructura social determinada. Por esta razón el aprovechamiento de los graduados por parte de los sectores productivos, se encuentra enmarcado en un complejo sistema de relaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas que no pueden soslayarse si se pretende un abordaje integral del mercado de trabajo de los profesionales.

            Desde esta concepción, se intenta responder a la pregunta central y a otras que surgen a partir de reflexiones acerca del impacto que el planeamiento educativo ha tenido en el mercado de trabajo argentino. Posteriormente se pasa revista a los principales cambios acontencidos  en el mundo laboral desde la entrada de la economía del país y consecuentemente de la provincia al ciclo recesivo de la segunda mitad de los setenta. Se pretende analizar dichos cambios, desde soportes estadísticos proporcionados por los Censos de Población y la Encuesta Permanente de Hogares, para advertir sus repercusiones en la relación educación – trabajo y anclar el análisis en el rol que la educación superior desempeña en un contexto de desmejoramiento general en las condiciones de trabajo, haciendo especial hincapié en el marco provincial. En esta instancia se apela alternativamente a fuentes secundarias y primaria de datos intentando una mirada abarcativa, contextualizada y a la vez particularizante de la cuestión que nos ocupa.

            Finalmente se presentan algunas consideraciones que son el producto de constataciones y  reflexiones acerca de la controvertida temática que nos ocupa. Importa señalar ya en esta primera parte que las relaciones abordadas son complejas y contradictorias, por lo que las respuestas sólo deben considerarse como ensayos no definitivos, más aún, algunas cuestiones quedan simplemente planteadas como desafíos que merecen un tratamiento exhaustivo en futuros trabajos.

 

I. El impacto del Planeamiento Educativo

           

En América Latina, el planeamiento educativo1, basado en supuestos tecnocrático - economisistas, cuyos fundamentos sociológicos se desprenden de la teoría estructural – funcionalista2 y de la teoría del capital  humano3 en los aspectos económicos, tuvo su mayor producción entre los años 1945 – 1965. Se pensaba, aunque no sin criticas, que la educación produciría en cantidad, calidad y  oportunidad los recursos humanos que el crecimiento económico requería y que la dinámica de las estructuras productivas absorbería y emplearía adecuadamente.

Pese a la explosión educativa4 y en contra de los pronósticos desarrollistas, las previsiones no se cumplieron, entre otras cosas, porque la demanda social  de educación en el nivel universitario forzó la oferta educativa hacia carreras liberales e intelectuales que facilitan el acceso a cargos en la administración, los servicios y el comercio; y porque el sistema económico no generó las oportunidades laborales apropiadas.

Según un difundido informe de la OCDE (1987), la Argentina hacia 1960 sólo ocupaba el 1% del personal científico, profesional y técnico, en todos los sectores productivos, contra el 10,8% de Estados Unidos, el 9,7% de Canadá, el 8,1% de Noruega y el 4,2% de España. La conclusión es obvia: Argentina formaba recursos que la economía no aprovechaba adecuadamente.

Hacia la década de los 70, en un contexto histórico de desaceleración y crisis del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, comenzó el fin del predominio de las concepciones optimistas acerca de los aportes de los sistemas educativos al desarrollo económico. Tres factores coadyuvaron  a abandonar estas  visiones: el impacto de las concepciones reproductivistas de la educación5, la crisis del modelo del Estado Benefactor y las investigaciones empíricas6 que constataron el desfasaje entre la demanda  de la sociedad y lo que efectivamente brindaba  el sistema educativo.

Al comenzar la década del 80, la crisis producida por la suba del petróleo de 1981-82 en Estados Unidos afectó a las economías que, como las latinoamericanas, se encuentran vinculadas a las norteamericanas. Para el caso concreto de la Argentina, el deterioro de los términos de intercambio, la contracción de los flujos netos de financiamiento exterior y un alto endeudamiento externo afectó directamente los niveles y la estructura de la  producción y del empleo. Crecieron el desempleo y el subempleo, y disminuyó el poder adquisitivo de los salarios. La industria perdió  dinamismo – en cuanto a generación de puestos de trabajo – al mismo tiempo que los servicios aumentaron su participación en el mercado de trabajo. Si bien la dinámica de absorción de trabajadores por la estructura productiva (por ejemplo industrial) ha sido relativamente lenta e incluso de estancamiento, la matrícula escolar creció en los niveles superiores. Esta preferencia  por los estudios universitarios, unida a  la relativa rigidez de la demanda de ocupaciones profesionales, provocó una suerte de sobre producción de titulados universitarios en relación a las demandas efectivas del aparato productivo7.

            En la década de los 90 la región se encuentra frente al desafío de superar la crisis y el viejo  patrón de acumulación basado en la sustitución de importaciones, en un contexto mundial producido por el derrumbe socialista, el acelerado avance científico – tecnológico, la generación  de nuevos patrones de producción y organización del trabajo y la  constante internacionalización de las economías.

La política económica actual de la Argentina orientada por el principio de desregulación de los mercados y de apertura al capital extranjero, a la que se suma la contracción de la participación del Estado en la economía y en las áreas sociales (Cortés, Marshall, 1991) busca que el modelo de desarrollo se integre a la lógica del devenir comercial con el exterior. Desde este ángulo se insiste en que la educación está llamada a cumplir un papel crucial para responder a las exigencias del aporte productivo para darle mayor competitividad. En cierto sentido este renovado interés por la educación no es más que un revival de la teoría del capital humano, pese a las sólidas críticas que suscitó en los años 60 (Finkel, 1995).

            Sin duda, esta exaltación de la importancia de la educación surge en la medida en que se la vislumbra como principal vía de salida de la crisis. Sin embargo esto es ofrecer una salida simplista y desconocer que quienes la promueven (empresarios, economistas, tecnológos) están más preocupados por la conquista o reconquista de la productividad que por una cuestión social vinculada al ideal democrático de la igualdad de oportunidades y de las posibilidades de movilidad social. La relación educación-mercado de trabajo encierra en sí misma vinculaciones complejas y controvertidas que vale la pena abordar para, posteriormente ensayar algunas respuestas y nuevas preguntas en orden a posibilitar una comprensión de la problemática.

            Numerosos autores, y en especial Beccaria y López (1996) al analizar el panorama que el mercado de trabajo presenta en la Argentina de los noventa, señalan: “El nivel de instrucción formal alcanzado por las personas es uno de los factores que más claramente incide en las posibilidades que tienen de conseguir trabajo así como en la determinación de las características de los puestos laborales a los que acceden. Cuanto más permanecen los individuos en el sistema formal de educación mayores serán los niveles de socialización, conocimiento, recursos y habilidades que les confieren un perfil más apto para desarrollar tareas de alta productividad, lo que incrementa claramente sus posibilidades de acceder a puestos privilegiados en el mercado laboral”.

            Lo desarrollado hasta aquí da píe para formular la pregunta que sigue: en las condiciones actuales del mercado de trabajo, vale la pena estudiar más años, es decir conviene realizar estudios superiores en orden a posibilitar una inserción laboral privilegiada?.

            Esta pregunta central implica otras: qué tipo de inserción laboral tienen los graduados universitarios?; el poseer calificaciones superiores brinda ventajas comparativas en relación  al desempleo y subocupación?;  qué papel juegan  las condiciones objetivas del mercado laboral, el sexo  y el tipo de titulación obtenido en la determinación de los puestos de trabajo de los universitarios y en sus retribuciones?.

Las respuestas a estos interrogantes no pueden ensayarse sin antes realizar una breve síntesis de algunos de los principales cambios ocurridos en el mundo laboral en la Argentina y en particular en la provincia de Santiago del Estero que, sin duda, operan como condicionantes intervinientes en la relación educación (en este caso universitaria)- trabajo. A partir de allí se esbozará el rol que juega la educación en este proceso para, posteriormente, ensayar algunas respuestas que deben considerarse sólo como aproximaciones que encierran desafíos que merecen ser profundizados en futuros estudios.

 

 

II  Consideraciones sobre los cambios en el mercado de trabajo: Argentina, Santiago del Estero

           

En las últimas dos décadas, el mercado de trabajo en la Argentina y consecuentemente en la provincia reflejó en su comportamiento de ciclos de expansión y recesión sucesivos, el alto grado de inestabilidad e incertidumbre que caracterizó a la economía del país (Canitrot, 1995). Con la entrada al ciclo recesivo de la segunda mitad de los 70, la distribución de puestos de trabajo por sector de actividad productiva, muestra que tanto en el país como en la provincia pierde dinamismo el sector primario (agricultura, silvicultura y minería) y la industria, mientras que crece el sector terciario (comercio; servicios dinámicos: electricidad, transporte, finanzas; y servicios personales y sociales).

Las razones que explicarían el cambio no son uniformes para el país. Así, la tecnificación del sector agropecuario, la reestructuración industrial a partir de la introducción de innovaciones tecnológicas8 en algunos casos, y en otros, el achicamiento de las empresas, y la contratación de otras prestadoras de servicios para la realización de tareas que antes no se efectuaban o que eran realizadas en la misma  empresa, explicarían la tendencia en las provincias más desarrolladas de la Argentina.

            Por el contrario, en Santiago del Estero, la contracción del  empleo agropecuario estaría  vinculada a factores demográficos (migraciones) y  productivos (inadecuación de la producción campesina a las nuevas necesidades del mercado y disminución del sector forestal que en su momento fue un gran demandante de mano de obra). La disminución del empleo en la industria  no supone la liberación de puestos de trabajo por la introducción de innovaciones tecnológicas que posibilitan mayor productividad, sino por la desaparición de establecimientos de naturaleza semiartesanal. Por su parte, el empleo en servicios, especialmente en servicios personales y sociales no implica “terciarización moderna” si no que se sustenta sobre todo, en la hipertrofia del sector público por la confluencia del clientelismo político y la falta de inversión privada (Zurita, 1996).

            Esto se advierte al considerar el sistema de relaciones laborales. Según datos del Censo Nacional de  1991, la categoría de asalariado en relación de dependencia pública es casi cuatro puntos superior en la provincia respecto al total del país (23,2% y 19,3% respectivamente), en tanto el trabajo en relación de dependencia privada es casi catorce puntos superior en el país respecto a la provincia (42,4% contra 28,6%). Por su parte, las imágenes difundidas de la tradicionalidad socio-cultural de Santiago del Estero se expresan en la alta incidencia de categorías ocupacionales en las que se encuentran segmentos importantes de informalidad: los trabajadores por cuenta propia y los familiares sin remuneración fija representan el 43,7%, en cambio en el país constituyen el 30,5%.

            Por otra parte, si se atiende al menos a la evolución de la tasa de desempleo abierto y subempleo en la Argentina, la situación en los noventa presenta un marcado deterioro (Monza,1993;1995), considerando sólo áreas urbanas. La profundidad de la transformación estructural que produjo el Plan de Convertibilidad tuvo sobre las conductas de los agentes económicos el efecto de un cambio de régimen. La estabilidad alentó la expansión de la actividad económica lo que fue acompañada por el crecimiento de la oferta de trabajadores y de los problemas de empleo y por una flexibilidad laboral de hecho y de derecho. Esta combinación tuvo una consecuencia paradójica: el fuerte aumento del desempleo simultáneamente al rápido crecimiento de la actividad económica (entre 1993 y 1994 el empleo se redujo a pesar de la expansión del PBI del 11%) (Feldman, 1995).

            En la primera mitad de los noventa la evolución de la tasa de desempleo abierto9 en las zonas urbanas presentaba, como ya se señalara, un marcado deterioro. Durante la década previa, alcanzó un nivel promedio de 3,9% en la provincia y de 5,6% a nivel país; en la década actual, el promedio supera dichos valores en tres puntos en la provincia y en siete puntos en el total del país. En 1993, en plena euforia económica, la tasa de desempleo había ascendido a 4,0% a nivel provincial y a 9,9% a nivel nacional; y en 1999, en pleno ciclo recesivo, los guarismos trepaban a 7,2% en Santiago y a 14,5% para el total país.

Lo destacable del caso santiagueño es que, a pesar de la pobreza existente, sus tasas de desocupación son las más bajas del país. Esta constatación sólo puede explicarse porque su tasa de actividad10 apenas supera el 30% de la población total. Puntualmente de cada 1.000 santiagueños sólo 317 participan del mercado de trabajo. Esta participación no sólo es la más baja del país sino que se encuentra 11 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. También contribuye a la explicación la disminución ostensible de la tasa de empleo11 ( de 32,7% en mayo/93 a 29,4% en mayo/99), lo que fortalece la hipótesis de una importante retracción de la oferta de puestos de trabajo en el mercado laboral provincial.

En cambio, a nivel nacional, tanto la creciente participación de la población en el mercado de trabajo, que se visualiza en alzas sin precedentes de la tasa de actividad (42,8% en mayo/99), como la reducción de la tasa de empleo (de 37,4% en mayo/93 a 36,6% en mayo/99) contribuyen a explicar la dinámica de la desocupación.

            El desempeño insatisfactorio del mercado de trabajo, también se ha visto reflejado en el aumento de los subocupados visibles12. En la década del 80, el promedio de subocupados visibles era de 16,3% en la provincia y de 7,3% en el país. Según datos de la EPH, en mayo de 1997, esta tasa seguía siendo sensiblemente mayor en la provincia (17,5%) que en el país (13,2%)13.

            La suma de la desocupación abierta y de la subocupación visible alcanza elevados porcentajes de la población económicamente activa y proporciona un indicador apropiado para el dimensionamiento de los problemas de empleo en Argentina. Estos indicadores de desempeño insatisfactorio del mercado de trabajo, se han generado a lo largo de un período prolongado no como hechos autónomos, sino como contrapartida directa del funcionamiento de la economía (Monza, op.cit.).

            En síntesis, la concentración del empleo en el sector agropecuario y el terciario - particularmente en el sector público -, la escasa significación de la industria, la existencia de bajos niveles de participación laboral (31,7%, contra el 42,2% del país)14 y la vigencia de generalizadas situaciones de subutilización de la fuerza de trabajo, son rasgos del empleo provincial en el presente.

            Ahora resta señalar cuál es el papel que la educación superior representa en un escenario paradojal en el que, al mismo tiempo que se evidencian notables signos de deterioro del mercado de trabajo se registra un aumento de la matrícula en todos los niveles y especialmente en el universitario en vinculación con las ventajas comparativas, que en el imaginario colectivo perviven respecto a que los mayores niveles de capacitación permiten una más rápida y mejor inserción en el mercado de trabajo.

 

 

III- El Rol de la Educación Superior en el Mercado de Trabajo

           

La estructura sectorial del empleo presenta características diferenciales según el nivel educativo de la población ocupada. Tomando como base, a título de ejemplo, los datos de la EPH/octubre/94, se advierte que en el aglomerado urbano Santiago del Estero-La Banda, a medida que se asciende en los niveles educativos existe una fuerte probabilidad de inserción laboral en servicios15: los trabajadores con primario completo representan el 38,6%, con secundario completo el 50,7%, y con superior o universitario completo el 71,6%. La construcción, en cambio, concentra la menor proporción de trabajadores con calificación superior. El empleo en esta rama está generado especialmente por microempresas y, sobre todo, por trabajadores cuenta propia. Algunos de estos rasgos se repiten en la industria que capta mayoritariamente a trabajadores con nivel primario, y en segundo lugar con nivel medio. Hacia octubre/98, la escasa participación histórica en la industria de los que alcanzaron niveles superiores de educación, se encuentra aún más acentuada ya que los guarismos descienden  de 4,1% (octubre/94) a 2,4%, mientras que el trabajo en servicios concentra al mayor número de graduados terciarios y universitarios.

Esta constatación guarda relación con las características paradigmáticas que definen el mercado de trabajo urbano provincial: exigüidad del empleo en el sector privado y sobrerepresentación del sector público en relación a los valores nacionales. Tendencia que por su parte se presenta muy marcada para el segmento de población ocupada con nivel de educación superior. Así, tomando sólo el caso de jefes de hogares con nivel terciario y universitario16, el 56,7% trabaja como asalariado del sector público y en el país desciende al 34,3%. En cambio la situación se invierte cuando se trata del sector privado: los asalariados como los trabajadores cuenta propia, y en menor proporción los patrones representan magnitudes significativamente inferiores en la provincia (43,3%) respecto de las cifras para el total país (65,7%).

            A los fines de esta presentación, resulta ilustrativo considerar los datos referidos  a una investigación realizada a graduados universitarios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero17. Los resultados obtenidos siguen las tendencias comentadas, así la categoría asalariado del sector público representa el 74,7% de los ocupados del área de las ingenierías18 y el 86,3% del área de humanidades, ciencias sociales y de la salud19. En el sector privado solo trabajan el 25,3% de los ingenieros y el 13,7% de los egresados de humanidades. Hay que destacar que la categoría de patrón está  subrepresentada en el área de las ingenierías (1,7%) y es nula en humanidades.

            Si se considera el tipo de tareas realizadas, se advierte que el 94,6% de los egresados desarrollan actividades de servicio (aquellas que tienen como fin la satisfacción de necesidades de terceros, a través de la prestación de un trabajo personal) contra el 5,1% que trabaja en la producción de bienes (cuyo fin es la extracción, transformación, y elaboración de bienes, el control de calidad de los mismos y la supervisión directa de las tareas mencionadas).  Las relaciones eran las previsibles si se tiene en cuenta que el sector terciario (especialmente la enseñanza universitaria y la administración pública) es el ámbito donde el mayor número de profesionales encuentran inserción laboral. Pero esta cuestión, que podría resultar satisfactoria para el área de humanidades, se perfila como una distorsión significativa en el caso de las ingenierías a la vez que plantea un serio desajuste entre el campo profesional definido curricularmente y la real inserción, porque estos graduados han sido formados para desempeñarse en los sectores primario y secundario de la economía, y para actividades más relacionadas con la producción de bienes que con la de servicios.

            Al analizar la trayectoria ocupacional, observando los cambios desde el primer trabajo profesional al actual, se advierte que los sectores primario y secundario fueron perdiendo personal que fue absorbido por el terciario, el que, a su vez, exhibe los mayores niveles de retención. En consecuencia, las tareas de servicio como asalariados del sector público fueron ganando terreno en relación a la pérdida de las actividades de producción de bienes, a la capacidad de autogestión del empleo y a el trabajo en relación de dependencia privada.

            Estas cuestiones dejan traslucir que los graduados universitarios no escapan a la problemática del empleo que atraviesa a la población económicamente activa argentina y consecuentemente santiagueña. Cabría agregar que en el escenario de los noventa se ha instalado con carácter de persistente el desempleo y aunque el nivel de instrucción de la población crece significativamente, la fuerza laboral está más capacitada que en el pasado y el nivel de educación puede ser un elemento clave para conseguir empleo, un gran sector de los profesionales no encuentra un lugar en el mercado de trabajo. La consecuencia es que crece el desempleo entre los graduados universitarios.

            Según datos de la EPH de octubre/92, en el aglomerado urbano Santiago del Estero – La Banda, el desempleo entre los que completaron el nivel primario era de 2,1%, mientras que en octubre/98 trepaba al 4,3%. Entre los graduados universitarios la tasa era de 0,6%, seis años después saltaba al 4,6%. Esto significa que las probabilidades de no conseguir un empleo casi se han equiparado para los distintos niveles educativos, cuestión altamente relevante si se atiende a las diferencias muy marcadas que se advertían seis años atrás.

            Una tendencia similar, aunque más atenuada, se observa a nivel país. Pero es necesario resaltar que las distancias del desempleo por niveles educativos colocan a los graduados universitarios en mejores condiciones para precaverse de la inempleabilidad, ya que en este segmento si bien el desempleo trepó considerablemente, sigue siendo el más bajo si se analiza su comportamiento por diferentes niveles educativos.Sin embargo, es necesario resaltar que en los últimos seis años los que sufrieron los mayores embates son los graduados universitarios ya que mientras el desempleo en general subió el 130%, entre los graduados universitarios aumentó un 250% para el total país20.

            Hoy en día, cada vez más gente alcanza niveles educativos más altos, de modo que la oferta de profesionales ha crecido mientras la demanda se estanca o retrae, lo que indicaría que no es la falta de educación lo que limita las posibilidades de trabajar sino que la economía no genera la suficiente cantidad de empleos aún para la franja de los más capacitados que son los que poseen mayor empleabilidad.

            En este sentido resulta ilustrativo considerar los datos referidos a la investigación realizada en la UNSE que arrojó un impactante porcentaje total de desempleados (6,7%). Pero al considerar las diferentes áreas disciplinares, resulta alarmante el caso de humanidades con un 12,1%, guarismos que descienden a 4,9% en las ingenierías con orientación biológica y a 3,3% para las ingenierías estructurales.

            A esta constatación se agregan los altos niveles de subocupación visible encontrados (16,0%) y de subocupación invisible21: 13,9% en las ingenierías y 27,8% en humanidades. 

            El aumento del desempleo, los altos índices de subocupación visible e invisible unidos a otras formas de precariedad laboral, fueron erosionado también los ingresos de los graduados. Si bien la gente con menos educación tuvo una pérdida de ingresos superior a los que tienen mayor formación, los resultados de la investigación demuestran que el ingreso promedio de los egresados no supera los mil pesos por mes en el sector público. Esta constatación se vincula fuertemente con la política de achatamiento de la brecha salarial, que a través de diversos decretos, se implementó en la administración pública provincial. De este modo, los ingresos percibidos apenas alcanzan a cubrir el valor de una canasta familiar básica de alimentos y servicios para una familia tipo (matrimonio y dos hijos). Pero, en el sector privado que ocupa a un insignificante porcentaje de graduados, los ingresos se elevan notoriamente (hasta dos mil quinientos pesos mensuales) lo que estaría planteando que el trabajo profesional tiene un valor de cambio variable según sea el sector de inserción laboral. Más aún, también el tipo de certificación obtenida expresaría diferenciales de ingreso ya que los egresados de las ingenierías estructurales perciben las más altas remuneraciones, mientras que en el extremo opuesto se encuentran los titulados del área de humanidades.

            Por su parte, cabe destacar que la gran mayoría de los universitarios ocupados manifestaron no estar conformes con lo que ganan, en tanto que los desocupados estarían dispuestos a trabajar por mucho menos de lo que perciben los profesionales que actualmente tienen alguna ocupación.

            Por último, una mención especial merece el trabajo de las mujeres universitarias las que por regla general, según el estudio realizado, tienen menos opciones ocupacionales, menos posibilidades de ocupar cargos jerárquicos altos, de trabajar en actividades vinculadas con la producción de bienes, de ser patrones o autogeneradoras de empleo, y de percibir igual remuneración que los varones. Además de presentar, comparativamente, los mayores índices de desempleo, subocupación visible e invisible.

 

 

IV – Comentarios Finales

 

           

El análisis realizado hasta aquí nos permite esbozar algunas respuestas a los interrogantes iniciales. Parece ser que, la tesis de la formación de recursos humanos por la que el sistema educativo – en nuestro caso el universitario – proveería tanto en cantidad como en calidad la mano de obra que el sistema económico requiere y que la dinámica de las estructuras productivas absorbería y emplearía adecuadamente, no encuentra confirmación en nuestra realidad dado el alto grado de “desaprovechamiento” de los grupos universitarios considerados.

            Esta constatación pone en entredicho la pretendida proyección matemática educación – empleo, tan cara al programa del capital humano, y revela que el sistema educativo y el productivo están si no en conflicto muy distanciados. De modo que es una visión demasiado optimista de la crisis pretender que con más educación es posible precaverse de la “inempleabilidad”. De hecho, no puede dejar de subrayarse que en la Argentina de hoy y en la provincia, como lo demuestra la investigación, existe una proporción considerable de desocupados con apreciables niveles de educación formal. Pero también registran dificultades particulares núcleos de trabajadores especializados, cuyas calificaciones son poco demandadas. Entre los inconvenientes percibidos está el de encontrar trabajo “en su especialidad laboral”.

            De modo tal que en relación a la situación laboral de los profesionales se observa una subutilización y depreciación de la educación por lo que aunque la política económica actual insista en estimular la certificación en realidad no parece demandar mayores conocimientos o niveles más altos de instrucción formal para su funcionamiento en el contexto provincial, y como claramente señala Castel (1997), el camino a la calificación puede producir efectos perversos como la sobrecualifcación para la función22. En este sentido es posible señalar que la acreditación educativa, especialmente la superior, está desempeñando un rol al que Martin Carnoy ha denominado como de “efecto fila”23.

            Si nos detenemos en el rol que la educación superior juega en la estructura sectorial del empleo, no parece ser que la calificación alcanzada sea la variable independiente que permita el acceso a puestos en sectores para los cuales los universitarios se prepararon, antes bien parece ser que son las posibilidades objetivas del mercado de trabajo las que condicionan el tipo de inserción de los grupos profesionales considerados. Es decir que el modo de inclusión laboral por sectores de actividad reproduce las pautas básicas de la configuración del empleo provincial, al que dos notas paradigmáticas lo definen: exigüidad del empleo en el sector privado y sobre representación del público. De modo que las opciones ocupacionales, disminuidas en los sectores primario y secundario, quedan casi circunscriptas al terciario – más específicamente al empleo público - en la rama servicios24 personales y sociales.

            Si esta situación persiste, cosa por otra parte muy probable dadas las escasas o nulas perspectivas dinamizadoras de los sectores productivos en la provincia, cabría preguntarnos qué pasará con los futuros profesionales en el marco de las políticas de achicamiento del Estado. Los resultados del estudio permiten pensar que los desajustes se irán acrecentando, por lo que es difícil pensar que en este contexto, valga la pena estudiar más años en orden a lograr una mejor y más rápida inserción laboral.

            Aquí es donde se instala con más fuerza, lo que en el debate actual no puede soslayarse, la posible mayor inempleabilidad de los más calificados. Y cuando no hay puestos asalariados lo que aparece es un enorme contingente de jóvenes que carecen de la capacidad para autogenerarlo. Esta constatación está  llevando a demandar a las escuelas una “educación para la iniciativa” (Fernández Enguita, 1997) que no se inculca en las instituciones educativas ya que  se prepara para la vida activa acorde al modelo del trabajo asalariado. En la línea crítica, Fernández Enguita sostiene que estas exigencias al sistema educativo no hacen más que quitar responsabilidades a las empresas y al Estado, quienes no se consideran responsables de la suerte de los desempleados.

Por su parte, los resultados de la investigación permiten afirmar que en las condiciones actuales, la educación superior más que posibilitar una inserción privilegiada o evitar el desempleo, se convertiría en un “paracaídas”(Gallart, Moreno y Cerrutti, 1994), metáfora que sirve para sensibilizar y comprender el proceso de  descenso, aunque  más lento, de quienes concurren más años al sistema educativo. De este modo, la educación que fue un canal de movilidad social ascendente hasta no hace mucho tiempo atrás, ahora parece ser igualmente importante, pero para tratar de sostenerse en el marco de un movimiento social descendente.

Sin embargo, pese a los altos índices de subocupación y desempleo encontrados en los grupos profesionales analizados, no se puede dejar de señalar que una mayor educación contribuye a facilitar la inserción laboral con mayores perspectivas de estabilidad y en condiciones de menor fragilidad (Murmis y Feldman, 1996).

Así planteadas las cosas, se podría pensar que aún hoy la formación universitaria juega un papel destacado para el acceso a un puesto, pero hay que decirlo, por sí sola no, ya que en esa determinación interactúan también las condiciones objetivas del mercado de trabajo, el sexo y la titulación obtenida25, entre otros factores. Con respecto al sexo, se puede señalar una notable contradicción entre las posibilidades que brinda la modernización educativa (igualación de los sexos en el reclutamiento de los estudiantes) y las rigideces del mundo del trabajo, que en el plano empírico siguen generando juegos activos de discriminación. También el tipo de titulación obtenido, es decir las especialidades que en el actual escenario son poco demandadas, impiden el ajuste en la relación educación-trabajo generando una mayor subutilización de las capacidades adquiridas.

            Asimismo, y dada las condiciones actuales del mercado del trabajo a las que se suman las políticas de flexibilización, se está apreciando una pérdida del rol de la educación en una mayor diferenciación de los ingresos. Está constatación, según Therborn (1992), entre otras, sería una de las razones para dudar que en la década de la posindustrialización, el conocimiento sea la clave de las sociedades.

            Estas consideraciones que surgen de argumentaciones teóricas y algunas constataciones en el plano empírico, autorizan a pensar que una mayor educación por sí sola, no puede conducir a superar los problemas más acuciantes del mundo del trabajo ni siquiera en sociedades que no han padecido planes de ajuste y el desmantelamiento del Estado de Bienestar. A nuestro entender, se necesita además una gran permeabilidad del  sistema productivo al uso del conocimiento y alguna regulación desde el mercado o planificación desde el Estado para orientar la formación de recursos humanos hacia las necesidades de la sociedad. Aún más, deben comprometer sus esfuerzos tanto los actores sociales vinculados a la producción como el Estado, de lo contrario es posible pensar en una agudización de los problemas de empleo así como de las desigualdades y de la heterogeneidad estructural, características de nuestras sociedades. También la universidad debe sumarse porque aunque tiene el derecho de tomar iniciativas autónomas, tiene el deber de traducir a su propio lenguaje las demandas y determinaciones que le llegan desde los distintos ámbitos sociales y económicos.

En síntesis, es posible señalar que las relaciones abordadas además de ser controvertidas y paradojales y de involucrar a distintos actores y sectores sociales, encierran en sí más preguntas que respuestas por lo que sería demasiado simplista pensar que con más educación sea posible precaverse del desempleo y lograr inserciones rápidas y privilegiadas en un  mercado de trabajo en crisis. La pretendida proyección matemática educación – empleo hoy en día vuelve a estar en tela de juicio, y quienes la promueven no hacen más que desconocer que en dicha relación intervienen múltiples factores interactuantes inmersos en un complejo sistema de relaciones sociales, políticas, económicas e ideológicas. El desafío de hoy es contribuir a revalorizar al sistema educativo universitario, no sólo con miras al trabajo sino también para promover una sociedad más justa y equitativa que tome en cuenta la dimensión humana de los procesos estructurales. No hay que olvidar que, hasta no hace mucho tiempo atrás, la educación fue el canal más importante que permitió el surgimiento y consolidación de la gran clase media argentina, de ellos hablamos cuando nos referimos al mercado de trabajo de los profesionales. Pero estos segmentos padecen y vienen padeciendo los embates de las reformas estructurales y  hoy en día amplias fracciones de la clase media están sujetas a una extrema vulnerabilidad y con serios riesgos a futuro. Entre quienes compartimos el interés por lo social, estas cuestiones se presentan como altamente problemáticas y merecen ser seriamente abordadas  y profundizadas en futuros estudios. Es urgente y necesita nuestro apoyo.

 

 

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