Ha transcurrido el tiempo y ante la aceptación de la Constituyente en el colectivo, como solución de cambio pacífico ante la muerte de la IV República, que vivió sus postreros 40 años bajo la égida de la Constitución puntofijista del año 1961 y el inminente nacimiento de la V República; no les ha quedado otra opción que recoger la bandera de la Constituyente, pero esta vez presentando un arcoiris de propuestas reformistas todas, con la participación del poder constituído, para seguir garantizando la influencia de los cogollos de los partidos en las decisiones nacionales; como ejemplo, sirva la inmoral decisión de la realización de los 3 procesos electorales en menos de 7 meses, contra la voluntad popular.

Hojeando los diarios nos encontramos con argumentaciones como la que a continuación detallamos y que conforman el inicio de la violenta campaña de guerra sucia por parte de representativos personajes del pacto de Punto Fijo: "Frente a la amenaza que representa la candidatura del comandante, no quedan sino dos posiciones: enfrentarle o sumarse a él y como la tesis central de Chávez es la Constituyente hay que adversarla"- o desfigurarla para tomarla como bandera de otros- " ya que la constituyente es una especie de seudónimo de Chávez"- Eduardo Fernández - Perspectiva - Acciones concretas sí, Constituyente, no- El Universal 05/09/98 Pág. 1-5." La Constitución del 61 no es que sea mala, pero ciertamente en estos últimos años han ocurrido cambios tales en el mundo y en Venezuela que es indispensable replantearnos los principios y normas de funcionamiento del Estado. Tales cambios deben ser profundos, radicales, sustantivos, si es que quieren garantizar una democracia sana y eficiente para el siglo XXI. Desde mi punto de vista, el primer gran cambio debería orientarse a superar los criterios demagógicos y populistas de un texto pomposamente declarativo y programático, que nadie cumple ni respeta, para elaborar una carta fundamental estrictamente normativa que sea en verdad nuestro pacto jurídico de convivencia. El otro aspecto relevante de una nueva constitución podría ser la reforma del régimen político para acabar la Presidencia Imperial y establecer un régimen de gobierno que garantice una eficiente gerencia pública". Con estas declaraciones Pedro Pablo Aguilar avala la necesidad absoluta e inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente en su artículo " La Constituyente" publicado el 02/09/98 en la Pág. 1-4 de El Universal y el 04/09/98 de El Carabobeño, pero el 06/09/98 en la Pág. D-1 de El Nacional declara: Que en Venezuela soplan vientos de violencia porque Hugo Chávez Frías no ésta de acuerdo con la proposición de Allan Brewer Carías, así de llana es su acusación, como si la cuestión de la Constituyente no es del debate público, ignorando que el Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) Ricardo Combellas tampoco ésta de acuerdo con la proposición limitada de Brewer Carías y por ello no se le puede calificar de violento, cuando acota como es lógico que a la Constituyente no se le puede poner límites, porque ella representa el poder originario del Pueblo y el Parlamento está subordinado a ella en la legitimidad popular, Surge Boris Bunimov Parra en El nacional del 04/09/98, Pág. D-1 para decir que le tiene pánico a una Asamblea Nacional Constituyente.

  En estos momentos en Venezuela se presentan dos opciones bien definidas, quienes queremos la realización de una Asamblea Nacional Constituyente e invocamos al poder originario Constituyente para cambiar el orden establecido mediante la participación activa del pueblo soberano y quienes defienden al poder constituido, prostituído y corrompido que durante 40 años de caricatura democrática, 37 de ellos amparados por la constitución puntofijista del año 1961, han manejado al País bajo los intereses de los cogollos partidistas. Los primeros estamos esperanzados en hacer realidad el cambio que nuestro País requiere bajo la conducción del Comandante Hugo Chávez Frías, los segundos capitaneados por los cogollos partidistas a cuyo servicio están los contituyentistas Allan Brewer Carías, Pedro Pablo Aguilar, Eduardo Fernández, Oswaldo Alvarez Paz y Boris Burnimov Parra entre otros. Parece que en Acción Democrática no hay tantos especialistas en la materia, como los hay en Copei.

No queremos terminar sin traer a estas páginas el didáctico articulo de prensa aparecido en el diario El Nacional, el día 05/09/98 en la Pág. D-1 bajo el título " Negar el Poder Constituyente popular llevará a un golpe de estado " y que firma el Dr. Enrique Azpúrua Ayala. En el mismo el Dr. Azpúrua cita a José Gil Fortoul en el libro Filosofía Constitucional, cuando aquel dice: " Si predomina la iniciativa parlamentaria y ambas cámaras se reúnen en Asamblea Constituyente sin haber consultado antes al pueblo, ni recibido de éste mandato especial la ley constitucional será siempre resultado de mayorías parlamentarias, no de mayorías nacionales y el pueblo puede encontrarse de un día para otro hasta con un régimen político esencialmente contrario. Con este sistema nada más fácil que el golpe de Estado. La soberanía se desprende de la nación para concentrarse toda el parlamento. La nación se reduce a un organismo pasivo mientras no se rebele a mano armada contra el despotismo parlamentario ". El derecho constituyente no puede ser limitado ni regulado por los poderes constituidos, que es lo que en el fondo están buscando los políticos y los constitucionalistas que aspiran que el Congreso permita y regule la Constituyente. Por eso es que este no es un debate jurídico sino político.

Azpùrua Ayala no cree que convocar una Constituyente sin reformar la Constitución, puede caer dentro de los supuestos que establece la propia Carta Magna en su articulo 250, el cual refiere: "Esta Constitución no perderá la vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone". "En primer lugar - sostiene Azpùrua - un referéndum consultivo, mayoritariamente aprobado por la población y convocado de conformidad con la ley orgánica del Sufragio y Participación Política, el cual se pronuncia por la convocatoria de una Constituyente, ni la convocatoria misma constituye acto de fuerza, sino por el contrario son dos hechos del más profundo contenido democrático, amparados por la ley y por los principios generales del Derecho". " En cuanto a la derogación por otro medio distinto del que ella misma dispone nada dice, porque nada puede decir. El Poder Constituyente originario no puede ser en ningún caso objeto de regulación constitucional porque es superior y anterior a toda constitución, por ser voluntad soberana de la nación: Es la soberanía misma del pueblo, su suprema capacidad de darse a sí mismo la organización política y el ordenamiento jurídico que su propia voluntad decida ". Y remata diciendo que a la actual Constitución es casi imposible reformarla, tan solo modificable por el propio congreso cuyos integrantes han sido elegidos por los cogollos partidistas, escondiendo el germen perverso que ha encerrado la soberanía del pueblo en la cortina de hierro de los intereses partidistas.