amás imaginé que me
iban a quemar ni siquiera cuando me echaron la
gasolina por encima. Pensé: ‘Cuando llegue
a casa me ducharé’. Sufrí quemaduras
horrorosas en el 65% de mi cuerpo. Sigo
traumatizada. Cuando mi hija de cinco años me
pregunta qué fue lo que me pasó, yo le respondo
que me quemé. ‘¿Cómo, mamá?’. Tengo
sueños y sufro depresiones angustiosas. He
necesitado dos años de psicoterapia.
Los
tribunales siempre respaldaron a los militares.
El informe de la Comisión Nacional de la Verdad
y la Reconciliación, de febrero de 1991, no se
pronunció sobre mi caso y el de Rodrigo.
El
juicio penal finalizó el pasado diciembre. Tres
jueces de la Corte Suprema, entre ellos el
general Fernando Torres Silva, auditor general
del Ejército y favorito de Pinochet, votaron por
cuasi delito y otros tres por homicidio
premeditado. En caso de empate, la jurisdicción
chilena favorece al reo. El responsable de la
patrulla militar, el teniente Pedro Fernández
Dittus, pasó un año y unos meses en la cárcel.
Hoy está libre y jubilado de las fuerzas armadas
por problemas de salud. Tiene 44 años. En agosto
de 1997, un cabo se puso en contacto con un canal
de televisión para explicar lo que ocurrió
aquel día. Me llamaron para participar en el
programa. No se celebró la entrevista.
En el
juicio civil, la juez acogió la demanda de
indemnización de 350 millones de pesos (unos 100
millones de pesetas). El dinero nunca va a
reparar el dolor de los últimos 11 años. Siento
una gran desconfianza de la justicia y de las
instituciones públicas.
Las víctimas de la
dictadura hemos sido marginadas del proyecto
político. Conocí a mi marido en 1990. Trabajaba
en el departamento de comercio exterior del Banco
de Chile desde hacía 12 años. Fue despedido a
los 15 días de aparecer su nombre relacionado
conmigo. Desde entonces ejerce trabajos
esporádicos por debajo de su categoría
laboral”.
